
Al amparo de las facultades extraordinarias que el Congreso le otorgó para la implementación del TLC con los EEUU, el Ejecutivo aprobó 99 decretos legislativos, nueve de los cuales han motivado la protesta airada de los pueblos indígenas que exigen su derogatoria por considerarlos lesivos a sus intereses. [Seguir Leyendo]
El principal cuestionamiento a los decretos legislativos es que no fueron consultados previamente con los pueblos indígenas, infringiendo así lo establecido por el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
Señala, por ejemplo, que el 1090, Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, permite que un bosque deforestado se convierta en tierra agraria o tierra eriaza y se pueda utilizar para otras actividades que no sean forestales. Además elimina la Comisión Nacional Forestal, que permitía participación ciudadana en decisiones de política forestal.
Indican también que los decretos 1064, 994 y 1089 promueven la adjudicación de tierras a terceros e imponen la servidumbre en favor de la explotación minera, de petrolero, de gas, etc.El DL 1020 favorece a los agricultores con recursos y capacidad suficientes para otorgar garantías a los bancos y no toma en cuenta a los pequeños propietarios.Los decretos 1081,1083 y 1007, en tanto, se refieren a la comercialización del agua y, según los nativos, no garantizan el acceso universal a este bien público. También cuestionan el decreto legislativo 1060 porque evitaría una verdadera fiscalización de los transgénicos.
El dato
Legal. El convenio Nº 169 de la OIT fue aprobado mediante resolución legislativa Nº 26253 del 5 de diciembre de 1993 y ratificado el 17 de enero de 1994. Tiene protección de rango constitucional.
Fuente: Diario La República
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